Divorciadas sin fondo ni garantías
El Gobierno seguirá en 2008 sin adelantar las pensiones impagadas
Las comisiones de la ley de Igualdad no se han reunido desde su creación
El Gobierno no constituirá tampoco en 2008 el fondo de garantía para adelantar el pago de las pensiones de separación o divorcio que los ex cónyuges no abonan, previsto de forma explícita en el artículo 45.2 de la ley de Igualdad, aprobada en febrero de 2005. Los presupuestos del año próximo, presentados la semana pasada en el Parlamento, no destinan ninguna partida a su constitución. Fuentes de Justicia reconocen que no saben el número de pensiones que se dejan de pagar ni, por tanto, pueden calcular su montante.
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La Federación de Padres y Madres Separados de Euskadi, que ve crecer cada año el número de casos de impago, debido en parte a la precaridad laboral, calcula que con tres millones de euros sería suficiente para sacar del apuro a las familias afectadas. "Por desgracia, es posible que en 2008 no estemos aún en condiciones de pagar", reconoce la secretaria general de Emakunde, Arantza Madariaga.
En toda España los impagos se duplicaron entre 1994 y 2004, según la Fiscalía General del Estado. La ley de Igualdad cumplirá asi previsiblemente sus cuatro años de vida en 2009 sin que este instrumento básico se haya puesto en marcha.
El citado artículo, dedicado a la inclusión social, fijó la creación de un fondo de garantía para el "impago de pensiones compensatorias y alimenticias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial" en los casos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho.
Esta disposición fue celebrada como uno de los mayores logros prácticos de la ley de Igualdad, pero sigue sin convertirse en realidad útil para quienes, en su inmensa mayoría mujeres, padecen situaciones de precariedad porque sus ex cónyuges no quieren o no pueden pasarles las cantidades fijadas por los jueces.
La ley dejó en el limbo legal la constitución de este fondo de garantía, sin atribuir a ninguna administración en concreto su creación y gestión.
Por ese motivo, la tarea se delegó en la Comisión Interinstitucional para la Igualdad, en la que están representadas las principales administraciones. Sin embargo, esa comisión no se constituyó hasta marzo pasado y no ha vuelto a reunirse desde entonces. Emakunde recibió allí el mandato de realizar un estudio previo de incidencia de la legislación estatal, de las normas competenciales autonómicas aplicables y de la dimensión del problema en Euskadi, incluyendo una estimación del coste de la implantación del fondo. Siete meses después, dicho estudio no ha sido remitido todavía a la comisión. Mendizabal espera que esté listo para finales de este mes o inicios de diciembre.
Tampoco se ha reunido desde su creación, igualmente en marzo, la Comisión Interdepartamental del Gobierno. Y ni una ni otra han constituido tampoco ninguno de los grupos de trabajo previstos en su reglamentación.
Según las cifras que maneja la Federación de Padres y Madres Separados de Euskadi, un 12% de las pensiones queda en situación de impago. Su presidente, Justo Sáenz, señala que unas veces, cada vez más, se debe a la imposibilidad de hacerlo por parte del cónyuge que abandona el hogar. Otras es simple falta de voluntad.
En este segundo caso, y siempre que el infractor trabaje por cuenta ajena y disponga de una nómina, la agilización en la intervencion de la Justicia impide ahora que la situación se prolongue más de medio año. Mucho más difícil y largo puede resultar cuando trabaja por cuenta propia y puede falsear y ocultar ingresos, explica.
Ante la tardanza del Gobierno, las tres asociaciones vascas de separados y divorciados han recurrido a las diputaciones. "Creemos además que el fondo de garantía funcionará mejor si son las diputaciones las que lo gestionan y pagan las pensiones, porque ellas controlan las haciendas y pueden comprobar la disponibilidad económica de los infractores y recuperar las cifras adelantadas", opina Sáenz.
En función de sus propios cálculos han pedido a Guipúzcoa y Álava que dispongan 600.000 euros cada una y a Vizcaya, un millón de euros.
He pedido comida en la Cruz Roja"
Pilar García tenía 19 años cuando se casó en 1981.
Dos años después, con una hija de uno y embarazada del segundo, su marido les abandonó. Durante once meses de 1984, les pasó una pensión de 18.500 pesetas. Eso fue todo hasta casi veinte años después: en diciembre de 2003, el juzgado le obligó a pagarle 15.000 euros.
Eso fue también todo por la crianza de dos hijos que tenían ya 21 y 19 años. "La ley era muy lenta", dice. La pareja, ya divorciada, volvió a convivir entre 1989 y 1993. Ese último año ella descubrió la causa de los problemas: "Él tenía una enfermedad; era alcohólico", apunta. Entonces averiguó que su ex marido ganaba 300.000 pesetas al mes. En 1999, ya era medio millón, pero el no quería pagar y no pagaba. La mujer tuvo que multiplicarse simultaneando trabajos y recurrir a la ayuda social y la de sus padres y a muchos años de terapia para salir adelante.
"Yo he tenido que pedir de comer a la Cruz Roja y a Cáritas, he fregado escaleras y he cuidado ancianos encamados, incluso después de tener mi propio negocio. De siete a diez de la noche, cuando cerraba", indica.
Mientras, las empresas para las que trabajaba su ex marido ayudaban a éste a ocultar sus ingresos. "Eso debería estar muy castigado. Llegó a darse de baja voluntaria en la Seguridad Social para cobrar sólo en dinero negro", recuerda.
"Todo lo que hizo le ha perjudicado, porque a causa de su enfermedad le han jubilado con 48 años y le ha quedado una pensión mínima".
El fondo de garantía urge, recalca. "De qué nos sirve ser los primeros con la ley de Igualdad si no piensan en el derechos de los hijos a vivir y a estudiar". Su mayor lamento es que sus hijos tuviesen que dejar la universidad por la necesidad en su casa.
En toda España los impagos se duplicaron entre 1994 y 2004, según la Fiscalía General del Estado. La ley de Igualdad cumplirá asi previsiblemente sus cuatro años de vida en 2009 sin que este instrumento básico se haya puesto en marcha.
El citado artículo, dedicado a la inclusión social, fijó la creación de un fondo de garantía para el "impago de pensiones compensatorias y alimenticias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial" en los casos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho.
Esta disposición fue celebrada como uno de los mayores logros prácticos de la ley de Igualdad, pero sigue sin convertirse en realidad útil para quienes, en su inmensa mayoría mujeres, padecen situaciones de precariedad porque sus ex cónyuges no quieren o no pueden pasarles las cantidades fijadas por los jueces.
La ley dejó en el limbo legal la constitución de este fondo de garantía, sin atribuir a ninguna administración en concreto su creación y gestión.
Por ese motivo, la tarea se delegó en la Comisión Interinstitucional para la Igualdad, en la que están representadas las principales administraciones. Sin embargo, esa comisión no se constituyó hasta marzo pasado y no ha vuelto a reunirse desde entonces. Emakunde recibió allí el mandato de realizar un estudio previo de incidencia de la legislación estatal, de las normas competenciales autonómicas aplicables y de la dimensión del problema en Euskadi, incluyendo una estimación del coste de la implantación del fondo. Siete meses después, dicho estudio no ha sido remitido todavía a la comisión. Mendizabal espera que esté listo para finales de este mes o inicios de diciembre.
Tampoco se ha reunido desde su creación, igualmente en marzo, la Comisión Interdepartamental del Gobierno. Y ni una ni otra han constituido tampoco ninguno de los grupos de trabajo previstos en su reglamentación.
Según las cifras que maneja la Federación de Padres y Madres Separados de Euskadi, un 12% de las pensiones queda en situación de impago. Su presidente, Justo Sáenz, señala que unas veces, cada vez más, se debe a la imposibilidad de hacerlo por parte del cónyuge que abandona el hogar. Otras es simple falta de voluntad.
En este segundo caso, y siempre que el infractor trabaje por cuenta ajena y disponga de una nómina, la agilización en la intervencion de la Justicia impide ahora que la situación se prolongue más de medio año. Mucho más difícil y largo puede resultar cuando trabaja por cuenta propia y puede falsear y ocultar ingresos, explica.
Ante la tardanza del Gobierno, las tres asociaciones vascas de separados y divorciados han recurrido a las diputaciones. "Creemos además que el fondo de garantía funcionará mejor si son las diputaciones las que lo gestionan y pagan las pensiones, porque ellas controlan las haciendas y pueden comprobar la disponibilidad económica de los infractores y recuperar las cifras adelantadas", opina Sáenz.
En función de sus propios cálculos han pedido a Guipúzcoa y Álava que dispongan 600.000 euros cada una y a Vizcaya, un millón de euros.
He pedido comida en la Cruz Roja"
Pilar García tenía 19 años cuando se casó en 1981.
Dos años después, con una hija de uno y embarazada del segundo, su marido les abandonó. Durante once meses de 1984, les pasó una pensión de 18.500 pesetas. Eso fue todo hasta casi veinte años después: en diciembre de 2003, el juzgado le obligó a pagarle 15.000 euros.
Eso fue también todo por la crianza de dos hijos que tenían ya 21 y 19 años. "La ley era muy lenta", dice. La pareja, ya divorciada, volvió a convivir entre 1989 y 1993. Ese último año ella descubrió la causa de los problemas: "Él tenía una enfermedad; era alcohólico", apunta. Entonces averiguó que su ex marido ganaba 300.000 pesetas al mes. En 1999, ya era medio millón, pero el no quería pagar y no pagaba. La mujer tuvo que multiplicarse simultaneando trabajos y recurrir a la ayuda social y la de sus padres y a muchos años de terapia para salir adelante.
"Yo he tenido que pedir de comer a la Cruz Roja y a Cáritas, he fregado escaleras y he cuidado ancianos encamados, incluso después de tener mi propio negocio. De siete a diez de la noche, cuando cerraba", indica.
Mientras, las empresas para las que trabajaba su ex marido ayudaban a éste a ocultar sus ingresos. "Eso debería estar muy castigado. Llegó a darse de baja voluntaria en la Seguridad Social para cobrar sólo en dinero negro", recuerda.
"Todo lo que hizo le ha perjudicado, porque a causa de su enfermedad le han jubilado con 48 años y le ha quedado una pensión mínima".
El fondo de garantía urge, recalca. "De qué nos sirve ser los primeros con la ley de Igualdad si no piensan en el derechos de los hijos a vivir y a estudiar". Su mayor lamento es que sus hijos tuviesen que dejar la universidad por la necesidad en su casa.